La posible modificación de la ley que limita las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires enfrenta una fuerte resistencia en la Legislatura bonaerense, particularmente en la Cámara de Diputados. La norma, sancionada en 2016 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal como parte de un acuerdo entre el PRO y el Frente Renovador, no cuenta actualmente con los votos necesarios para avanzar en su modificación, lo que mantiene en vilo su futuro legislativo.
En las últimas horas, las negociaciones de fin de año en torno al Presupuesto y la Ley Fiscal 2025 abrieron la puerta a rumores sobre la posibilidad de derogar la ley 15.315, última reforma introducida a la normativa original. Este cambio, implementado en 2021 durante la gestión de Axel Kicillof, permitió que cerca de 90 intendentes pudieran postularse nuevamente en las elecciones de 2023.
En su momento, la reforma corrigió lo que muchos consideraban una aplicación retroactiva de la ley original de 2016, que tomaba como primer mandato el iniciado en 2015, pese a que la reglamentación recién se emitió en 2019. Esta corrección se basó en el principio de que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente, generando un nuevo debate sobre su constitucionalidad.
Ahora, con la posibilidad de una nueva revisión, varios bloques opositores han anunciado su negativa a acompañar el proyecto, argumentando que representa un retroceso institucional y afecta la estabilidad normativa. El Frente Renovador, pieza clave en el debate, reafirmó su postura en contra de modificar una ley que originalmente impulsó. En 2021, los legisladores de este espacio ya habían rechazado las modificaciones introducidas, lo que refuerza su posición actual.
Los números
En la Cámara de Diputados bonaerense, Unión por la Patria cuenta con 37 legisladores de un total de 92. De estos, el Frente Renovador aporta 10 miembros que, según confirmaron, no apoyarán cambios en la normativa. Esto deja al peronismo con 27 votos en el mejor de los escenarios. Además, cualquier discusión sobre este tema requeriría un tratamiento en sesión extraordinaria y sin despacho de comisión, lo que implica la necesidad de alcanzar los dos tercios de los votos presentes, un desafío significativo en términos de ingeniería legislativa.
La resistencia también se percibe como un síntoma de tensiones internas dentro del oficialismo, así como entre los bloques opositores. Para algunos sectores, la insistencia en revisar la ley responde a presiones de ciertos intendentes que buscan perpetuar sus mandatos, lo cual genera críticas tanto desde un punto de vista ético como legal.
En este contexto, el debate sobre la reelección de intendentes se ha convertido en un termómetro político que refleja las dificultades para alcanzar consensos amplios en la Legislatura. La discusión, lejos de centrarse exclusivamente en cuestiones legales, pone de manifiesto intereses contrapuestos y un escenario complejo donde las decisiones no solo tienen implicancias locales, sino también proyecciones nacionales.
El tema, además, plantea interrogantes sobre el respeto a los acuerdos legislativos alcanzados en años anteriores y la voluntad política de priorizar reformas que garanticen la transparencia y el equilibrio en los cargos públicos. En un clima de incertidumbre, la resolución de este conflicto podría marcar un precedente clave para futuras reformas políticas en la Provincia.
Distintas posturas
La polémica no solo divide al oficialismo, sino que también aviva tensiones entre los bloques opositores. En este contexto, Guillermo Castello, diputado del bloque de La Libertad Avanza (LLA), criticó duramente la propuesta al considerarla “un artilugio de la casta para eternizarse en el poder”. Castello, quien respaldó el proyecto original impulsado por María Eugenia Vidal en 2016 y rechazó las modificaciones realizadas en 2021, reafirmó su postura en contra de cualquier intento por alterar nuevamente la normativa.
El bloque de LLA, compuesto por 13 legisladores y posicionado junto al PRO como segunda minoría en la Cámara de Diputados bonaerense, mantiene una postura inflexible.
Castello comparte su visión con otros legisladores que ya se habían opuesto a las modificaciones previas, como el actual secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, quien en su momento también votó en contra, y la diputada Constanza Moragues, hoy integrante del bloque Unión Renovación y Fe, conocido por su línea de «libertarios dialoguistas».Unión Renovación y Fe, con nueve integrantes, emitió un contundente comunicado rechazando cualquier intento de modificar la ley. “Es una burla para la sociedad toda que, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, la dirigencia quiera enquistarse en el poder y perpetuar sus privilegios”, señalaron desde el bloque liderado por Gustavo Cuervo. Este espacio, que ha adoptado un discurso crítico hacia la clase política tradicional, también apuntó contra el PRO, liderado a nivel provincial por Cristian Ritondo, y contra la Unión Cívica Radical, intensificando las fricciones entre sectores opositores.
Los llamados «libertarios dialoguistas» y los integrantes de La Libertad Avanza coinciden en su rechazo a lo que consideran un intento por favorecer los intereses de ciertos dirigentes políticos en detrimento del bienestar general. Esta postura refuerza un discurso alineado con el rechazo a los privilegios políticos y la defensa de la alternancia en el poder como un principio básico de la democracia.
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